Las manifestaciones por la decisión del Poder Ejecutivo de suavizar la las sanciones por corrupción llevan ya 13 días, y son las más grandes en el país desde la caída del comunismo.
Decenas de miles de personas protestaron el domingo frente a la sede del gobierno de Rumania para exigir la renuncia de los dirigentes, debido a una ley que haría más difícil castigar delitos de corrupción.
La manifestación en la Plaza de la Victoria marca el 13er día consecutivo de concentraciones antigubernamentales en Bucarest. Los activistas luego se formaron de tal manera para formar una gigantesca bandera rumana.
También salieron a las calles miles de personas en las ciudades de Cluj, Sibiu, Iasi, y Timisoara.
Las protestas comenzaron el mes pasado cuando el gobierno centroizquierdista aprobó una ley que reduciría las penas para casos de corrupción.
El primer ministro Sorin Grindeanu anuló la ley al surgir las protestas más grandes del país desde la caída del comunismo en 1989. El ministro de justicia renunció la semana pasada ante el descontento generalizado.
Los manifestantes exigen un nuevo gobierno y nuevas normas para la administración pública del país.
Decenas de miles de personas protestaron el domingo frente a la sede del gobierno de Rumania para exigir la renuncia de los dirigentes, debido a una ley que haría más difícil castigar delitos de corrupción.
La manifestación en la Plaza de la Victoria marca el 13er día consecutivo de concentraciones antigubernamentales en Bucarest. Los activistas luego se formaron de tal manera para formar una gigantesca bandera rumana.
También salieron a las calles miles de personas en las ciudades de Cluj, Sibiu, Iasi, y Timisoara.
Las protestas comenzaron el mes pasado cuando el gobierno centroizquierdista aprobó una ley que reduciría las penas para casos de corrupción.
El primer ministro Sorin Grindeanu anuló la ley al surgir las protestas más grandes del país desde la caída del comunismo en 1989. El ministro de justicia renunció la semana pasada ante el descontento generalizado.
Los manifestantes exigen un nuevo gobierno y nuevas normas para la administración pública del país.
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