De las 200 muertes de activistas del medioambiente monitoreadas por Global Witness el año pasado, 49 se produjeron en territorio carioca por causa del agronegocio.
"No fue una sorpresa. Brasil es el país más peligroso del mundo para quien lucha por los derechos relacionados con la tierra y la protección al medio ambiente”, afirma Billy Kate, de la organización inglesa Global Witness, que contabilizó 200 asesinatos de mediambientalistas en todo el mundo.
Global Witness reúne las informaciones desde 2002, y hace cinco años que Brasil apareció por primera vez en el primer lugar de la lista. Desde entonces, el país nunca más perdió su posición de "liderazgo”.
Rondônia, Maranhão y Pará – que forman parte de la Amazonia Legal – fueron los estados más violentos en 2016. Para la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), creada en 1975 e inicialmente vinculada a la Iglesia Católica, el avance de la frontera agrícola está por detrás de ese escenario.
"La causa de está expansión del agronegocio, la construcción de grandes obras de infraestructuras como represas hidroeléctricas, ferrocarriles”, dice Thiago Valentin, de la secretaria nacional de la CPT. "Es un problema histórico: la explotación de quien viene de fuera sobre las personas que viven en la región”, agrega.
Al igual que Global Witness, CPT contabiliza los asesinatos de los líderes comunitarios, indígenas, sin tierra y trabajadores rurales, entre otros colectivos. En 2016, el órgano contabilizó más muertes aún que la ONG: 61 víctimas.
"Esas personas son mucho más que defensores ambientales, están luchando por derechos, territorio, por tierra, por agua. Va mucho más allá de la cuestión ambiental”, remarca Valentin.
La lucha por los derechos de la tierra y por los recursos naturales motivaron los 200 asesinatos registrados en 2016 en todo el mundo. "La imposición de proyectos de minería, hidroeléctricas, explotación de madera y agropecuaria sobre el territorio ocupado por las comunidades tradicionales y sin consentimiento de ellas, impulsan las muertes”, considera Global Witness.
Global Witness responsabiliza a gobiernos, empresas, inversores y socios bilaterales del escenario que lleva las muertes. "Tienen que atacar las causas del aumento de la violencia, no autorizar o participar en los proyectos. Y es más: hay que responsabilizar a los asesinos y meterlos presos”, argumente Kyte.
En Brasil, el Programa de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos, creado en 2004, ayuda a siete estados del país, pero no cubre los tres con mayor número de muertes en 2016: Maranhão, Pará y Rondônia.
"No fue una sorpresa. Brasil es el país más peligroso del mundo para quien lucha por los derechos relacionados con la tierra y la protección al medio ambiente”, afirma Billy Kate, de la organización inglesa Global Witness, que contabilizó 200 asesinatos de mediambientalistas en todo el mundo.
Global Witness reúne las informaciones desde 2002, y hace cinco años que Brasil apareció por primera vez en el primer lugar de la lista. Desde entonces, el país nunca más perdió su posición de "liderazgo”.
Rondônia, Maranhão y Pará – que forman parte de la Amazonia Legal – fueron los estados más violentos en 2016. Para la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), creada en 1975 e inicialmente vinculada a la Iglesia Católica, el avance de la frontera agrícola está por detrás de ese escenario.
"La causa de está expansión del agronegocio, la construcción de grandes obras de infraestructuras como represas hidroeléctricas, ferrocarriles”, dice Thiago Valentin, de la secretaria nacional de la CPT. "Es un problema histórico: la explotación de quien viene de fuera sobre las personas que viven en la región”, agrega.
Al igual que Global Witness, CPT contabiliza los asesinatos de los líderes comunitarios, indígenas, sin tierra y trabajadores rurales, entre otros colectivos. En 2016, el órgano contabilizó más muertes aún que la ONG: 61 víctimas.
"Esas personas son mucho más que defensores ambientales, están luchando por derechos, territorio, por tierra, por agua. Va mucho más allá de la cuestión ambiental”, remarca Valentin.
La lucha por los derechos de la tierra y por los recursos naturales motivaron los 200 asesinatos registrados en 2016 en todo el mundo. "La imposición de proyectos de minería, hidroeléctricas, explotación de madera y agropecuaria sobre el territorio ocupado por las comunidades tradicionales y sin consentimiento de ellas, impulsan las muertes”, considera Global Witness.
Global Witness responsabiliza a gobiernos, empresas, inversores y socios bilaterales del escenario que lleva las muertes. "Tienen que atacar las causas del aumento de la violencia, no autorizar o participar en los proyectos. Y es más: hay que responsabilizar a los asesinos y meterlos presos”, argumente Kyte.
En Brasil, el Programa de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos, creado en 2004, ayuda a siete estados del país, pero no cubre los tres con mayor número de muertes en 2016: Maranhão, Pará y Rondônia.
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