El titular de Futbolistas Argentinos Agremiados está acusado de administración fraudulenta.
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Sergio Marchi en la causa Fútbol para Todos, en la que se investiga el desvío de fondos públicos. El titular de Futbolistas Argentinos Agremiados está acusado de administración fraudulenta junto a Carlos Alberto Pandolfi (presidente de la fundación y tesorero de Agremiados), Norberto Francisco Monteleone (secretario de la fundación y gerente General de Agremiados) y Raúl Pagano (gerente Financiero de Agremiados).
En la causa se investiga el desvío de más de U$S 2 millones que la fundación El Futbolista manejaba a partir de un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuando el presidente todavía era Julio Humberto Grondona.
En la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría se considera a los imputados “participes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”.
En abril del año pasado, Pandolfi sostuvo, como respuesta al secuestro del dinero ordenado por la jueza en el marco de la investigación, que los fondos recibidos en la entidad dependiente de Agremiados no tenían “origen ilícito”.
Según Pandolfi, la transferencia del dinero no suponía “irregularidad alguna” por encontrarse “todo documentado y registrado en los libros contables y balances de la entidad”.
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Sergio Marchi en la causa Fútbol para Todos, en la que se investiga el desvío de fondos públicos. El titular de Futbolistas Argentinos Agremiados está acusado de administración fraudulenta junto a Carlos Alberto Pandolfi (presidente de la fundación y tesorero de Agremiados), Norberto Francisco Monteleone (secretario de la fundación y gerente General de Agremiados) y Raúl Pagano (gerente Financiero de Agremiados).
En la causa se investiga el desvío de más de U$S 2 millones que la fundación El Futbolista manejaba a partir de un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuando el presidente todavía era Julio Humberto Grondona.
En la resolución de la jueza federal María Servini de Cubría se considera a los imputados “participes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”.
En abril del año pasado, Pandolfi sostuvo, como respuesta al secuestro del dinero ordenado por la jueza en el marco de la investigación, que los fondos recibidos en la entidad dependiente de Agremiados no tenían “origen ilícito”.
Según Pandolfi, la transferencia del dinero no suponía “irregularidad alguna” por encontrarse “todo documentado y registrado en los libros contables y balances de la entidad”.
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