El Centro de Información Judicial (CIJ) publicó este viernes a la noche un informe del juez Claudio Bonadio quien señala que Néstor y Cristina Kirchner "comandaron una organización delictiva".
En el escrito el advierte "la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional".
De acuerdo al magistrado, se obtuvieron indicios que "a prima facie permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho años –cuanto menos–, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado del anterior), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de ENARSA), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno".
El informe del juez explica que "previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (Coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (Secretario privado de la Presidencia de la Nación), quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido".
El documento indica que ya secuestraron en distintos allanamientos "más de 250 obras pictóricas en posesión de dos imputados con un valor aproximado de $ 37.000.000 y $ 4.500.000".
Enumeró, además, "más de $ 6.350.000, más de u$s 1.245.000, más de € 235.000, como así también sumas de dinero expresadas en chilenos, uruguayos y reales, nueve armas de fuego, equipos de telefonía móvil y electrónicos y finalmente, una gran cantidad de rodados de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama".
Bonadio repasó que "en total y hasta el momento se han recibido 52 declaraciones indagatortias, habiéndose logrado la detención de 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, susbsitiendo 2 personas con orden de captura".
"Dentro de las personas imputadas, 17 declararon en calidad de arrepentidos, habiéndose formado los correspondientes legajos, siendo que por el momento, se han resuelto 15 acuerdos de homologación en forma positiva", añadió.
Finalmente, cerró: "En alusión a las resoluciones dispuestas en el marco de la presente investigación, se puede mencionar que se ha rechazado un planteo de nulidad y tres recusaciones presentadas contra el Juez de la causa y una restante, contra el Representante del Ministerio Público Fiscal".
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