Un documento elaborado por los intendentes del país agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) y los dirigentes de la CGT bajo el título "Acciones inmediatas para la Unidad nacional y la paz social" ya circula y le exige al Gobierno seis puntos de medidas.
Firmado por un centenar de jefes comunales, en el texto reclaman la declaración de emergencia social, alimentaria y tarifaria, la emergencia productiva, la restitución del Fondo Federal Solidario, critican desaparición de las carteras de Salud y Trabajo como ministerios y piden la emergencia en seguridad, además de la "plena vigencia del Estado de derecho" y "cesar con las condenas mediáticas".
"Frente a la gravedad de la crisis provocada por las medidas del Gobierno Nacional, tales como la brutal devaluación de la moneda, de los salarios y de los ingresos de los sectores populares; los altísimos niveles de inflación que ya producen desabastecimiento de productos de consumo popular e insumos para la adecuada prestación de servicios esenciales y para el mantenimiento de la actividad productiva e industrial, los Intendentes y la Confederación General del Trabajo proponemos que se declare la Emergencia Económica y Social y se pongan en marcha acciones inmediatas que contribuyan a la unidad nacional y la paz social", inicia el documento.
En el primer punto solicita la "Emergencia social alimentaria, sanitaria y tarifaria". Exigen que se implementen con urgencia políticas que aseguren el acceso a los alimentos, a los medicamentos y a los servicios de los hospitales públicos. Que se ponga en marcha una amplia Red Nacional de Solidaridad en la que participen Nación, Provincias y Municipios y los distintos actores de la comunidad, como Iglesias y organizaciones políticas, sociales o sindicales.
Además, reclaman que se retrotraigan las tarifas de los servicios públicos a los valores del 1° de diciembre de 2017, y que las actualizaciones futuras se hagan según el índice salarial, "terminando definitivamente con la dolarización de las tarifas y del precio de los combustibles".
En el segundo punto, exigen la declaración de la emergencia económica, productiva y laboral. Piden frenar la importación, que la exportación industrial con valor agregado tenga menos impuestos que las de productos primarios y que se establezcan "medidas urgentes para salvaguardar el empleo".
También solicitan la emergencia educativa" para impulsar "acciones efectivas" que permitan el "inmediato regreso a clase a edificios que garanticen su seguridad y la de los trabajadores de la educación".
Otro de los puntos pide una declaración de emergencia en seguridad y el documento cierra con el reclamo por la "plena vigencia del Estado de Derecho y de la Constitución". Reclaman "garantizar una verdadera división de los poderes", la "independencia de los jueces", y "cesar con las condenas mediáticas de dirigentes políticos, sociales y sindicales".
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