13 países de la región no reconocerán el nuevo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela



Los países del Grupo de Lima, a excepción de México, han instado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a no tomar posesión del cargo el 10 de enero, cuando comenzaría el segundo mandato que ganó en las elecciones presidenciales del 20 de mayo, no reconocidas ni por la oposición ni por gran parte de la comunidad internacional.

Los trece países firmantes han pedido a Maduro que transfiera de "forma provisional" el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde las elecciones parlamentarias de 2015, "hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas".



En su opinión, el proceso electoral del 20 de mayo "carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente".

Además, han ratificado "su firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto a los Derechos Humanos se podrán atender las causas de la crisis política, económica, y humanitaria que atraviesa ese país".

En consecuencia, han recalcado que "no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro" y han avanzado que, si el inquilino del Palacio de Miraflores sigue adelante con la toma de posesión del 10 de enero, emprenderán una serie de acciones.

Así, han anunciado que revisarán "el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país y de la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses".

Además, "según lo permitan sus legislaciones internas", impedirán a altos cargos venezolanos entrar a sus territorios y elaborarán "listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de estos países no deberán operar o deberán tener una especial diligencia" y, de ser necesario, congelarán sus activos en dichos estados.

También han acordado "suspender la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la transferencia de armas, a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria".

En el plano internacional, han anticipado una ofensiva por la cual evaluarán "con criterio restrictivo" la concesión de préstamos a Venezuela en los organismos globales de los que forman parte y animarán a otros estados miembro a que adopten medidas similares.

En particular, han pedido a todos los integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) que respalden la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela y a la comunidad internacional que apoye la denuncia que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú han hecho en el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra Maduro por crímenes de lesa humanidad.

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