Se puso en marcha en Salta y Jujuy y su implementación en todo el país será progresiva.
Ayer debutó finalmente el llamado "sistema acusatorio" contemplado en el nuevo Código Procesal Penal Federal. Se puso en marcha en Salta y Jujuy, las dos primeras provincias donde rige ya el nuevo régimen procesal para delitos federales. En los próximos cinco años comenzará a aplicarse por etapas en las distintas regiones del país.
A partir de la cero hora del lunes 10, cualquier hecho delictivo o proceso iniciado en alguna de estas dos provincias que involucre, por ejemplo, narcotráfico, contrabando, trata de personas o lavado de dinero, será investigado y llevado a juicio con el nuevo sistema.
Cuando la Gendarmería, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) o las Policías Provinciales realicen un operativo, por ejemplo de drogas, deben avisarle ahora a un fiscal –en lugar de a un juez-, y será el representante del Ministerio Público Fiscal quien iniciará y dirigirá la investigación.
Esto es así porque el principal cambio del nuevo Código es que la investigación de los delitos quedará a cargo exclusivamente de los fiscales, quienes promoverán la acción penal.
Los jueces intervendrán para garantizar que se cumpla la ley y las garantías durante todo el proceso, la validez de las pruebas y la acusación, y deberán resolver los casos en una audiencia oral y pública.
Esto implica en la práctica que los jueces "perderán poder" en el trámite del proceso y que los fiscales serán los responsables -en forma autónoma- de las investigaciones, tal como sucede, por ejemplo, en Brasil, donde el Ministerio Público Fiscal de ese país condujo la investigación del Lava Jato.
No obstante – según explicó Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal de Nación – "todas las medidas que impliquen limitaciones a los derechos personales –como allanamientos, secuestros de posibles pruebas o bienes- deberán seguir siendo autorizadas por un magistrado". También en caso de que haya detenidos, el fiscal debe informarle al juez.
Ayer debutó finalmente el llamado "sistema acusatorio" contemplado en el nuevo Código Procesal Penal Federal. Se puso en marcha en Salta y Jujuy, las dos primeras provincias donde rige ya el nuevo régimen procesal para delitos federales. En los próximos cinco años comenzará a aplicarse por etapas en las distintas regiones del país.
A partir de la cero hora del lunes 10, cualquier hecho delictivo o proceso iniciado en alguna de estas dos provincias que involucre, por ejemplo, narcotráfico, contrabando, trata de personas o lavado de dinero, será investigado y llevado a juicio con el nuevo sistema.
Cuando la Gendarmería, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) o las Policías Provinciales realicen un operativo, por ejemplo de drogas, deben avisarle ahora a un fiscal –en lugar de a un juez-, y será el representante del Ministerio Público Fiscal quien iniciará y dirigirá la investigación.
Esto es así porque el principal cambio del nuevo Código es que la investigación de los delitos quedará a cargo exclusivamente de los fiscales, quienes promoverán la acción penal.
Los jueces intervendrán para garantizar que se cumpla la ley y las garantías durante todo el proceso, la validez de las pruebas y la acusación, y deberán resolver los casos en una audiencia oral y pública.
Esto implica en la práctica que los jueces "perderán poder" en el trámite del proceso y que los fiscales serán los responsables -en forma autónoma- de las investigaciones, tal como sucede, por ejemplo, en Brasil, donde el Ministerio Público Fiscal de ese país condujo la investigación del Lava Jato.
No obstante – según explicó Juan José Benítez, subsecretario de Justicia y Política Criminal de Nación – "todas las medidas que impliquen limitaciones a los derechos personales –como allanamientos, secuestros de posibles pruebas o bienes- deberán seguir siendo autorizadas por un magistrado". También en caso de que haya detenidos, el fiscal debe informarle al juez.
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