Un adolescente norcoreano que fue sorprendido por una inspección sorpresa cuando miraba pornografía, fue exiliado en las últimas horas al campo junto a su familia, en medio de una nueva ola represiva lanzada por el régimen de Kim Jong-un contra la población.
Según el reporte del sitio web Daily NK, con sede en Corea del Sur y cuyos informes son elaborados por reporteros norcoreanos que huyeron de su país, el menor fue descubierto viendo un video pornográfico en su casa en Sinuiju, una importante ciudad ubicada en la frontera con China.
El joven, cuyos padres no estaban en la casa cuando sucedieron los hechos, fue capturado durante una inspección sorpresa por un grupo de tareas creado para monitorear el comportamiento "desviado" en el país asiático.
La condena del adolescente se ampara en la llamada Ley del Pensamiento Antirreaccionario, aprobada por el régimen a finales de 2020. La norma establece penas de entre cinco y 15 años de trabajo correccional por consumo o posesión de videos o libros pornográficos, fotografías o dibujos que "predican la superstición".
Bajo la misma medida, las personas que producen, importan o distribuyen dichos materiales pueden ser condenados a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte, según la cantidad del material incautado. En el caso del adolescente, el castigo fue la deportación de él y su familia, en lugar del trabajo correccional. Aún así, la sentencia condena a la víctima a perder su base económica y a ser estigmatizada políticamente, precisó la fuente.
La ley también prevé multas de 100.000 a 200.000 wons norcoreanos (de 100 a 200 dólares estadounidenses) si se produce un delito causado por la "educación irresponsable" de los menores y ordena que toda la familia se traslade al campo como castigo para los padres.
El director de la escuela a la que asistía el adolescente también recibió el "castigo revolucionario" y obligado a cumplir "trabajo forzado", reportó Daily NK.
El Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur explicó en un informe del 16 de febrero último que Pyongyang ha reforzado los castigos de la Ley del Pensamiento Antirreaccionario, al prescribir la pena máxima de muerte para quienes incurran en la importación y distribución de material de video desde Corea del Sur.
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