San Salvador, 22 sep (EFE).- Los abogados de la organización humanitaria Cristosal denunciaron este miércoles ante la Fiscalía General y la Corte de Cuentas de la República (CCR) el supuesto desvío de alimentos comprados por el Gobierno de Nayib Bukele y destinados para los afectados por la pandemia.
Las denuncias se basan en una publicación del medio digital El Faro, que el pasado 19 de septiembre sostuvo que "tres altos funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele están involucrados en el manejo irregular de 42.909 sacos de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES)".
En la publicación, El Faro cita una investigación hecha por la Fiscalía durante la administración del fiscal Raúl Melara, quien fue depuesto por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista el 1 de mayo pasado, decisión duramente criticada por la comunidad internacional.
Los funcionarios del Ejecutivo de Bukele supuestamente involucrados serían la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, el exviceministro de Gobernación Franklin Castro y el director de Centros Penales, Osiris Luna.
La investigación apunta que Luna habría vendido 38.500 botellas de aceite comestible y 42.909 sacos de alimentos, entre arroz, fríjol y azúcar, del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) valorados en más de 1,6 millones de dólares.
El texto de El Faro indica que estos alimentos "estaban destinados para los afectados por la pandemia de la covid-19, pero Luna se encargó, junto a su madre, Alma Yanira Meza Olivares, y un empleado de confianza, de vender los alimentos a un comerciante que tiene antecedentes por contrabando de mercadería".
Cristosal pidió a la FGR que investigue a sus propios funcionarios que "pudieron haber incurrido en omisión en la investigación de estos hechos, que según la nota periodística, son de su conocimiento en dicha institución desde hace más de un año".
Luna y Chichilco, exguerrillera, no son los primeros en ser señalados por el supuesto manejo irregular de recursos estatales para la atención de la pandemia.
El comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), Ronalth Ochaeta, señaló en abril pasado que habían dado 25 asistencias a la Fiscalía, entre estas 12 "avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco carteras del Estado".
Dichos avisos dieron pie en noviembre de 2020 a una serie de allanamientos a diferentes instancias del Gobierno de Bukele.
Se desconoce si estas investigaciones siguen o si fueron archivadas por la Fiscalía tras la llegada de Rodolfo Delgado, quien anteriormente fue abogado del actual director de la Policía Nacional Civil (PNC).
En junio pasado, Delgado dio por terminado un acuerdo con la Cicies y el presidente Bukele puso fin a un convenio con la Organización de los Estados Americanos (OEA) que daba vida a la Cicies.
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