CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Estados Unidos removió del cargo a su agregado militar en Managua, teniente coronel Róger Antonio Carvajal Santamaría, una semana después de que este dijera que el Ejército de Nicaragua era parte “del gran crecimiento y estabilidad” del país, informó una fuente oficial estadounidense.
“Los comentarios del teniente coronel Carvajal no reflejan con exactitud la política del gobierno de los Estados Unidos. El teniente coronel Carvajal ha concluido su misión y ha abandonado Nicaragua”, declaró a The Associated Press un portavoz del Departamento de Estado, el cual pidió guardar el anonimato porque carece de autorización para declarar sobre el tema.
El 23 de septiembre, el agregado militar estadounidense asistió a una reunión con jefes militares nicaragüenses, donde expresó su voluntad de cooperar con el Ejército y sus autoridades.
“Ustedes son gran parte del gran crecimiento y estabilidad de este país”, dijo Carvajal, según una declaración citada en un comunicado de prensa de la institución castrense.
Sus palabras generaron una ola de críticas de sectores de la oposición, que han acusado al Ejército de apoyar a la policía en la represión de las protestas que estallaron en Nicaragua en abril de 2018. Estos mismos críticos se preguntaron si lo dicho por Carvajal revelaría un cambio en la posición de Washington frente al gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
“No ha habido ningún cambio en la política de Estados Unidos hacia el gobierno Ortega-Murillo o en nuestras opiniones hacia los militares nicaragüenses”, aclaró el vocero estadounidense.
Por el contrario, destacó, “nuestra relación de militar a militar con Nicaragua está limitada, debido al apoyo de los militares nicaragüenses al comportamiento antidemocrático de Ortega y Murillo y por su represión del pueblo nicaragüense”.
El portavoz recordó que Estados Unidos ha aplicado sanciones al jefe del Ejército, general Julio César Avilés, y al general Julio Modesto Rodríguez, director del fondo de inversión pública de la entidad castrense, porque “estamos comprometidos a promover la rendición de cuentas de los miembros del gobierno Ortega-Murillo que socavan las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense”.
Estados Unidos ha sancionado a decenas de funcionarios de gobierno y allegados de Ortega y Murillo, así como a más de un centenar de familiares de diputados, jueces y fiscales, por considerar que estos son responsables de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción en el país.
La actuación violenta de policías y paramilitares contra los participantes civiles en la revuelta de 2018 dejó 328 muertos, más de 2.000 heridos, 16.000 detenidos en distintos momentos y al menos 100.000 exiliados y refugiados, en su mayoría en Costa Rica, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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