MANAGUA (AP) — Familiares de opositores presos en Nicaragua desde mayo, en el marco del reciente proceso electoral, denunciaron el sábado un “preocupante deterioro” en la salud de los detenidos y pidieron al gobierno de Daniel Ortega su “liberación inmediata y sin restricciones”.
En un comunicado distribuido a la prensa, los familiares dijeron que persisten los interrogatorios constantes, las restricciones de alimentos y el “aislamiento permanente”, en especial en el caso de cuatro líderes opositoras “confinadas en celdas solitarias”.
“Mi marido perdió 31 libras desde que fue capturado hace cinco meses”, dijo a The Associated Press Deyanira Parrales, esposa del ex vicanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco. “No nos permiten entregarle alimentos y los productos de higiene los restringen. Le llevamos 10 mascarillas por semana y sólo le entregan una”, agregó.
Parrales vio a Tinoco el lunes, cuando las autoridades del penal capitalino conocido como “El Chipote” autorizaron la tercera visita. Allí están recluidos 39 opositores detenidos desde fines de mayo, incluyendo a siete líderes políticos que aspiraban a la presidencia en los cuestionados comicios del pasado 7 de noviembre, en los que Ortega se reeligió para un cuarto mandato consecutivo.
“Los interrogatorios a mi esposo continúan a diario, no se le permite asistencia de su abogado y casi no recibe sol. Su deterioro se refleja en que ahora debe tomar dosis doble de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y anti-hipertensivos”, expresó Parrales, quien demandó al gobierno “la libertad inmediata” de Tinoco, cuya hija padece de cáncer y necesita sus cuidados.
En su comunicado, los familiares denunciaron que los reos de conciencia sufren “un frío lacerante durante las noches”, pues no se les permite entregarles ropa de cama, frazadas ni abrigos. A algunos presos los mantienen “con las luces encendidas las 24 del día, mientras otros se encuentran en penumbra”, dijeron.
“La mayoría de las celdas son pequeñas, con camas de concreto cuyas colchonetas están deterioradas por el uso constante, esto les ocasiona lesiones en la piel y dolores musculares”, denunció el texto. Permanecen bajo constante vigilancia policial, sin acceso a libros, noticias ni otra actividad “que les vincule al mundo”, acotó.
Según el informe, las opositoras Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona y Dora María Tellez, dirigentes del movimiento UNAMOS, “están sometidas a aislamiento permanente. Están confinadas en celdas solitarias” y en el caso de Dávila “su celda está completamente sellada”.
Entre los reos de conciencia figuran los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez, quienes reciben poca alimentación, siguen perdiendo peso y sufren de migrañas constantes, señaló por su parte una nota de prensa de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), a la que pertenecen. La madre de Alemán, Lesbia Alfaro, dijo a la prensa local que “teme por la vida” de su hijo, el joven estudiante que increpó a Ortega en el primer diálogo nacional (2018) y lo conminó a “rendirse” y abandonar su cargo.
The Associated Press solicitó un comentario oficial en la oficina de la vicepresidenta, primera dama y vocera gubernamental Rosario Murillo, pero no obtuvo respuesta de momento.
Mientras tanto, en un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó el sábado la decisión del gobierno de Nicaragua de retirarse de la OEA “en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos”, e instó a Ortega a “reconsiderar su decisión”.
El canciller nicaragüense, Denis Moncada, notificó el viernes al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que Nicaragua dispuso denunciar la Carta Constitutiva del foro hemisférico, como un primer paso para su “renuncia y retiro definitivo” de una organización a la que acusa de “injerencia en los asuntos internos” y de ser “instrumento de los intereses del imperio norteamericano”.
“A más de tres años del inicio de las protestas sociales del 18 de abril de 2018, la CIDH ha constatado que el Estado de derecho en Nicaragua se quebrantó por la concentración del poder en el Ejecutivo y la instalación de un estado de excepción", señaló el organismo.
"Persiste un contexto de impunidad generalizada respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la represión estatal, las cuales resultaron en la muerte de 355 personas; más de 2 mil personas heridas y de 1.614 personas detenidas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud y más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios”, agregó la CIDH.
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