Fue luego de un planteo de la Oficina Anticorrupción en la investigación de las licitaciones del programa del Ministerio de Salud durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El juez federal Claudio Bonadio resolvió la elevación a juicio de la causa Qunita, en la que se encuentran procesados, entre otros, el ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud Daniel Gollán.
El juez rechazó las oposiciones a la elevación a juicio planteadas por los abogados defensores de los imputados. También desestimó los pedidos de sobreseimiento y dispuso la elevación a juicio de la causa N°6606/15, en la que están procesados 18 ex funcionarios y empresarios.
El 16 de febrero el tribunal los procesó por considerarlos penalmente responsables por supuesto "fraude en perjuicio de la administración pública". Y a los funcionarios públicos, por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La elevación a juicio había sido solicitada en septiembre por la Oficina Anticorrupción (OA), que como querellante de la causa había planteado que se hallaba completa la instrucción.
La OA había expresado que estaban acreditadas las irregularidades en la selección y adquisición de materiales para el Plan Qunita, en el que se habría diseñado un pliego a medida y se habría direccionado la licitación para que resultaran ganadoras seis empresas sin antecedentes vinculados con los productos licitados, ya que sólo registraban experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático.
El juez federal Claudio Bonadio resolvió la elevación a juicio de la causa Qunita, en la que se encuentran procesados, entre otros, el ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud Daniel Gollán.
El juez rechazó las oposiciones a la elevación a juicio planteadas por los abogados defensores de los imputados. También desestimó los pedidos de sobreseimiento y dispuso la elevación a juicio de la causa N°6606/15, en la que están procesados 18 ex funcionarios y empresarios.
El 16 de febrero el tribunal los procesó por considerarlos penalmente responsables por supuesto "fraude en perjuicio de la administración pública". Y a los funcionarios públicos, por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La elevación a juicio había sido solicitada en septiembre por la Oficina Anticorrupción (OA), que como querellante de la causa había planteado que se hallaba completa la instrucción.
La OA había expresado que estaban acreditadas las irregularidades en la selección y adquisición de materiales para el Plan Qunita, en el que se habría diseñado un pliego a medida y se habría direccionado la licitación para que resultaran ganadoras seis empresas sin antecedentes vinculados con los productos licitados, ya que sólo registraban experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático.
Publicar un comentario