La diputada, que amplió la denuncia contra el presidente de la Corte, lo acusó de usar firmas de sus socios para esconder las transacciones
La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se presentó hoy ante la Justicia para pedir que se investigue si existieron operaciones económicas realizadas por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, como miembro de la mutual Pyme Rural.
En medio del cruce de acusaciones con el presidente del máximo tribunal del país, Carrió volvió a realizar una presentación judicial en su contra, luego de que Lorenzetti anticipara que le iniciaría una demanda civil.
"Lorenzetti, quien integraría Pyme Rural desde abril de 2015, habría realizado operaciones con esta mutual por un volumen cercano a los 400 mil pesos", subrayó la diputada nacional.
El escrito fue presentado en el juzgado federal número 1, a cargo de María Servini de Cubría, en la investigación que intenta averiguar si el magistrado era parte de un grupo de cooperativas involucradas en el cambio de cheques del Fútbol para Todos.
"Según se me ha informado, entre las principales operaciones realizadas por la mutual que integraría el presidente de la Corte, se encuentran las realizadas con las siguientes personas jurídicas: Tita SA.; Sanatorio Moreno SRL.; Asociación Mutual Abril Rosario; Asociación de Clínicas y Sanatorios del Departamento de Castellanos; Clínica de la Ciudad SA. y Rafaela ACE. Solo las operaciones de estas personas jurídicas sumarían en total más de 100 millones de pesos", afirmó Carrió en su presentación.
Ante la Justicia, reclamó que "se arbitren los medios para que se realice un allanamiento a las oficinas de las personas jurídicas Mutual Pyme Rural, la Cooperativa De Vivienda Crédito Y Consumo Amigal Limitada, la Cooperativa Agropecuaria Y De Consumo El Zonda Limitada, y Agropecuaria Monte León S.A., a los efectos que se secuestren actas directivas, actas de asamblea, balances, y registro de operaciones realizadas".
También solicitó a Servini que "se requiera al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que informe respecto de toda la información que tenga en sus registros de operaciones de cualquier tipo, ayuda económica y/o captación de ahorro correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017 así como también la obtenida por cualquier otra fuente de la Mutual Pyme Rural, la Cooperativa De Vivienda Crédito Y Consumo Amigal Limitada, y la Cooperativa Agropecuaria Y De Consumo El Zonda Limitada".
"Es de extrema gravedad que el presidente de la Corte Suprema pudiera integrar una mutual que se encuentra involucrada en el manejo del cambio de cheques del Fútbol para Todos, por eso requerimos a la Justicia que trabaje para echar luz sobre este tema", enfatizó Carrió.
A su entender, "esto es consecuencia de la falta de transparencia en el patrimonio de los jueces de la Corte".
"Esta falta de transparencia se debe a que la Corte decidió excluirse de la Ley de Ética Pública y recorta la información que debe dar a publicidad", agregó la legisladora de la Coalición Cívica.
La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se presentó hoy ante la Justicia para pedir que se investigue si existieron operaciones económicas realizadas por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, como miembro de la mutual Pyme Rural.
En medio del cruce de acusaciones con el presidente del máximo tribunal del país, Carrió volvió a realizar una presentación judicial en su contra, luego de que Lorenzetti anticipara que le iniciaría una demanda civil.
"Lorenzetti, quien integraría Pyme Rural desde abril de 2015, habría realizado operaciones con esta mutual por un volumen cercano a los 400 mil pesos", subrayó la diputada nacional.
El escrito fue presentado en el juzgado federal número 1, a cargo de María Servini de Cubría, en la investigación que intenta averiguar si el magistrado era parte de un grupo de cooperativas involucradas en el cambio de cheques del Fútbol para Todos.
"Según se me ha informado, entre las principales operaciones realizadas por la mutual que integraría el presidente de la Corte, se encuentran las realizadas con las siguientes personas jurídicas: Tita SA.; Sanatorio Moreno SRL.; Asociación Mutual Abril Rosario; Asociación de Clínicas y Sanatorios del Departamento de Castellanos; Clínica de la Ciudad SA. y Rafaela ACE. Solo las operaciones de estas personas jurídicas sumarían en total más de 100 millones de pesos", afirmó Carrió en su presentación.
Ante la Justicia, reclamó que "se arbitren los medios para que se realice un allanamiento a las oficinas de las personas jurídicas Mutual Pyme Rural, la Cooperativa De Vivienda Crédito Y Consumo Amigal Limitada, la Cooperativa Agropecuaria Y De Consumo El Zonda Limitada, y Agropecuaria Monte León S.A., a los efectos que se secuestren actas directivas, actas de asamblea, balances, y registro de operaciones realizadas".
También solicitó a Servini que "se requiera al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) que informe respecto de toda la información que tenga en sus registros de operaciones de cualquier tipo, ayuda económica y/o captación de ahorro correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017 así como también la obtenida por cualquier otra fuente de la Mutual Pyme Rural, la Cooperativa De Vivienda Crédito Y Consumo Amigal Limitada, y la Cooperativa Agropecuaria Y De Consumo El Zonda Limitada".
"Es de extrema gravedad que el presidente de la Corte Suprema pudiera integrar una mutual que se encuentra involucrada en el manejo del cambio de cheques del Fútbol para Todos, por eso requerimos a la Justicia que trabaje para echar luz sobre este tema", enfatizó Carrió.
A su entender, "esto es consecuencia de la falta de transparencia en el patrimonio de los jueces de la Corte".
"Esta falta de transparencia se debe a que la Corte decidió excluirse de la Ley de Ética Pública y recorta la información que debe dar a publicidad", agregó la legisladora de la Coalición Cívica.
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