El ex gobernador bonaerense está sospechado de beneficiar a un empresario
La justicia penal de La Plata inhibió este miércoles al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, a su ex ministro de Salud, Alejandro Collia, y al empresario Ricardo Miller por más de 189 millones de pesos en la causa en la que se los investiga por irregularidades en la contratación de obra pública.
Una fuente judicial explicó a la agencia Télam que la medida la adoptó la jueza de Garantías Marcela Garmendia ante un pedido del fiscal penal Alvaro Garganta para que se dicte la inhibición general de bienes de los tres procesados por un total de 189.200.000 pesos.
Asimismo, el vocero señaló que la jueza también aceptó el pedido del fiscal para que el ahora diputado nacional Scioli notifique a la justicia cada vez que quiera salir del país pero cuestionó la decisión de Garganta.
El fiscal Garganta investiga presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión de Scioli, quien habría favorecido al empresario Ricardo Estanislao Miller en la construcción de esos establecimientos.
Pese a que en una audiencia citada por la jueza, la Fiscalía de Estado se opuso a la inhibición por considerar que en la causa no está acreditado el posible perjuicio económico al fisco, la magistrada hizo lugar a la inhibición, recordó la fuente.
En la resolución, Garmendia sostuvo que el Código Penal establece que el magistrado podrá desde “el inicio de las actuaciones” adoptar las medidas cautelares de índole patrimonial que considere necesarias para “hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes”.
En la resolución, a la que tuvo acceso Télam, la jueza explicó que el fiscal modificó su pretensión originaria para que el ex gobernador debiera solicitar permiso para salir del país por otra para que sólo de aviso con lo cual “limito mi jursidicción como Jueza de Garantías”.
“Los nuevos términos de la solicitud fiscal en modo alguno requieren intervención jurisdiccional, toda vez que la misma no implica restricción de la libertad ambulatoria”, graficó.
La justicia penal de La Plata inhibió este miércoles al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, a su ex ministro de Salud, Alejandro Collia, y al empresario Ricardo Miller por más de 189 millones de pesos en la causa en la que se los investiga por irregularidades en la contratación de obra pública.
Una fuente judicial explicó a la agencia Télam que la medida la adoptó la jueza de Garantías Marcela Garmendia ante un pedido del fiscal penal Alvaro Garganta para que se dicte la inhibición general de bienes de los tres procesados por un total de 189.200.000 pesos.
Asimismo, el vocero señaló que la jueza también aceptó el pedido del fiscal para que el ahora diputado nacional Scioli notifique a la justicia cada vez que quiera salir del país pero cuestionó la decisión de Garganta.
El fiscal Garganta investiga presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión de Scioli, quien habría favorecido al empresario Ricardo Estanislao Miller en la construcción de esos establecimientos.
Pese a que en una audiencia citada por la jueza, la Fiscalía de Estado se opuso a la inhibición por considerar que en la causa no está acreditado el posible perjuicio económico al fisco, la magistrada hizo lugar a la inhibición, recordó la fuente.
En la resolución, Garmendia sostuvo que el Código Penal establece que el magistrado podrá desde “el inicio de las actuaciones” adoptar las medidas cautelares de índole patrimonial que considere necesarias para “hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes”.
En la resolución, a la que tuvo acceso Télam, la jueza explicó que el fiscal modificó su pretensión originaria para que el ex gobernador debiera solicitar permiso para salir del país por otra para que sólo de aviso con lo cual “limito mi jursidicción como Jueza de Garantías”.
“Los nuevos términos de la solicitud fiscal en modo alguno requieren intervención jurisdiccional, toda vez que la misma no implica restricción de la libertad ambulatoria”, graficó.
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