Continúa hoy la ronda de indagatorias en el marco de la causa por presuntas coimas en obras públicas durante los gobiernos de Néstor y Cristina de Kirchner, que ya cuenta con varios detenidos y "arrepentidos".
Este martes será el turno de las exposiciones el ex secretario de Energía Jorge Mayoral, el ex operador judicial Javier Fernández y el ex subsecretario nacional de Obras Públicas Germán Nivello. También se presentó el empresario de medios en Santa Cruz Rudy Ulloa, quien se negó a declarar y rechazó ser "arrepentido".
Por su parte, el detenido ex director de Administración de Techint, Héctor Alberto Zabaleta, negocia sumarse a los empresarios "arrepentidos". Su nombre figura en la causa como quien realizaba los pagos ilegales a funcionarios.
Ayer fue un día de grandes novedades en la causa. El juez federal Claudio Bonadio comenzó con las declaraciones indagatorias a los acusados de estar involucrados en la en la causa por supuesto pago de coimas en la obra públicas durante el kirchnerismo, trama destapada por las anotaciones del exchofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno.
El primero turno fue para el empresario Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, que quedó detenido tras negarse a declarar. Durante la jornada, además, declararon otros dos empresarios que figuran en los cuadernos del chofer, Alejandro Ivanissevich de Emgasud y Manuel Santos Uribelarrea de MSU.
Ivanissevich y Uribelarrea declararon que los aportes para la campaña del FPV se los había pedido Roberto Baratta, ex mano derecha del ex ministro Julio De Vido en Planificación Federal y quien se encuentra detenido en esta causa, indicaron fuentes judiciales.
Según detalló Uribelarrea, en 2015 Baratta le reclamó 100 mil dólares y él los pagó en tres cuotas, una antes de las primarias y las otros dos previas a las generales: además, dijo haberse sentido "presionado" para realizar ese pago, algo de lo que también ratificó en su indagatoria Ivanissevich.
El único prófugo en la causa es Oscar Thomas, quien fuera director del Ente Binacional Yacyretá y uno de los funcionarios de confianza del ex ministro De Vido, y quien mediante su abogado, José Manuel Ubeira, intenta conseguir ahora la exención de prisión.
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