La familia Báez no logró frenar el juicio por la “ruta del dinero K”

El detenido empresario Lázaro Báez y sus cuatro hijos se negaron a declarar ayer en el juicio oral en su contra por lavado de dinero en la llamada “ruta del dinero k”, en una segunda jornada en la cual fueron rechazados todos los planteos con los que se intentó suspender el debate.

“Era empresario”, dijo lamentándose Báez ante los jueces del Tribunal Oral Federal 4 cuando pasó al banquillo de los acusados para dar sus datos personales, luego que su defensor Víctor Hortel anticipó la decisión de guardar silencio.

De campera polar roja, Báez solo informó su lugar de nacimiento, en la ciudad de General Paz, Corrientes, profesión, su condición de divorciado, su fecha de nacimiento, nombre de sus padres y el domicilio en el que vivió en Río Gallegos antes de quedar preso.

Luego fue el turno de los también presos ex abogado Jorge Chueco y ex contador Daniel Pérez Gadín, del imputado colaborador y acusado Jorge Leonardo Fariña y de los cuatro hijos de dueño de “Austral Construcciones”

Salvo Melina, la menor de los cuatro hijos, quien dijo ser “empleada de una empresa de combustibles”, los otros no declararon ninguna actividad laboral: Martín, el mayor, informó que era empleado de la firma de su padre y a la fecha subsiste con ayuda de su familia.

Leandro Báez, el menor de los cuatro hermanos, dijo al Tribunal que su sustento económico se basa en su “relación con un amigo en una empresa” y Luciana, la mayor, declaró ser ama de casa.

Los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez preguntaron primero a los defensores de los 25 acusados sobre la intención o no de prestar indagatoria de cada uno de ellos, la mayoría de los cuales respondió que por el momento guardará silencio, salvo el financista Federico Elaskar que declarará la semana próxima.

Además rechazaron un planteo del defensor de Báez, Hortel, quien pretendió que el arrepentido Fariña, –quien hablaría al final del juicio–, declare como testigo bajo juramento de verdad para poder eventualmente denunciarlo por falso testimonio y no como acusado, sin obligación de decir verdad.

Antes del inicio de la ronda de indagatorias, los jueces rechazaron todos los planteos hechos al inicio del juicio la semana pasada para intentar suspender las audiencias.

Al resolver adhirieron a los argumentos que dio en la audiencia el fiscal de juicio, Abel Córdoba, y que luego retomaron las querellas que se opusieron a unificarse y rechazaron todos los intentos por suspender o anular el juicio.

En el juicio se ventilan maniobras de lavado de dinero por más de 60 millones de dólares obtenidos, según la acusación, con delitos cometidos con la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo.

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