En motivo de promesas incumplidas vinculadas al pase a planta permanente y al percibimiento del salario mínimo vital y móvil, señalaron las empleadas de los centros de atención primaria. Sin embargo, no han recibido respuesta alguna, sino expresiones de malestar.
En las últimas horas, siete promotoras de salud que se desempeñan en los CAPS del distrito, revelaron su descontento ante el Consejo Deliberante. En dicho encuentro, las trabajadoras detallaron sus presentes laborales, y principalmente, sus decisiones de no seguir esperando por el salario mínimo y sus efectivizaciones laborales, como les habían prometido, según ellas, desde el Municipio.
Un estado de situación que también le transmitieron al Poder Ejecutivo lujanense, mediante una nota, cuyo destinatario directo era el Intendente Leonardo Boto. En este sentido, Lorena, una de las promotoras, señaló que “no tuvimos respuestas, hicimos un reclamo que no fue bien visto. Un referente del área de salud nos dijo que hicimos mucho ruido, y que íbamos a perder el trabajo”.
En el documento entregado en el Palacio Municipal de Luján, las especialistas en promoción sanitaria asentaron que “nos exigen que cumplamos con las 20 horas semanales, con la promesa de cobrar un salario mínimo vital y móvil, y además de que pasaríamos a planta municipal. Promesa realizada hace más de 3 años y que nunca se cumplió. Claramente estas no son condiciones dignas de trabajo, y más de parte de un municipio. Estamos cansadas del destrato y la explotación del Intendente Leonardo Boto”.
En esta notificación, las mujeres aseguran haber desarrollado diferentes tareas, cumpliendo jornadas laborales que excedían a las 12 horas semanales establecidas por el programa Potenciar Trabajo, mediante el cual fueron incorporadas a 7 de los 24 CAPS del distrito. Al respecto, Verónica Reviergo, quien se desempeña en el Centro de Atención Primaria del barrio San Pedro, reveló que “nos capacitamos para ser promotoras de salud, y al poco tiempo comenzó la pandemia.
Por eso, empezamos a hacer cada vez más horas, e incluso el doble en algunos casos”. Por su parte, y en relación al testimonio de su compañera, Soledad Rodríguez, quien se desempeña en el CAPS del barrio Los Gallitos, afirmó que “nosotras entramos en pandemia, con la promesa que al año siguiente íbamos a pasar a planta y nunca ocurrió.
El propio Intendente (Leonardo) Boto nos lo aseguró”. Sin embargo, la trabajadora sanitaria remarcó que “la excusa es que el rol de promotoras no existe para el municipio, pero nosotras seguimos trabajando”.
La tarea que llevan adelante consiste en identificar diversas afecciones de salud que padecen los vecinos, mediante visitas casa por casa en los diferentes barrios del distrito.
Sin embargo, durante la pandemia también realizaron las tareas de detección de pacientes con COVID y de asistencia alimentaria de los mismos.
En este sentido, Reviergo recordó que "hacíamos atención domiciliaria a quienes estaban contagiados de Covid. Les llevábamos caminando las bolsas de mercadería, con productos alimenticios y de limpieza a las personas aisladas, sin protección alguna”. A su vez, Lorena consideró que “nos mandaban a nosotros a cumplir con esas labores porque nadie quería ir, y entonces se aprovechaban de nuestra necesidad de trabajar”.
En su caso, Rodríguez reconoció que, en aquellos tiempos, “me enviaron a hacer tareas administrativas, como dar turnos, entregar medicación, y registrar el ingreso y el egreso de las medicinas”. Es decir, funciones que no tienen coincidencia con su rol de promotoras de salud, pero que aceptaron asumir por el contexto de ese entonces, y por el ofrecimiento de un excedente monetario a cambio. Pero también influyó la creencia de alcanzar un progreso profesional laboral a cambio.
En este sentido, Verónica develó que “nos prometieron vacaciones, ropa de trabajo, un espacio, y el salario mínimo vital y móvil, como asimismo el pase a planta”.
Sin embargo, tres años después, sus situaciones laborales no han cambiado, solo en agosto cobraron 45 mil pesos en compensación por el trabajo adicional. Una suma que se registraba en “un recibo de puño y letra en una hoja de cuaderno, y que fue abonada en una casa particular”, aseguró Verónica. Fue la única vez. Antes y después continuaron percibiendo los 69 mil pesos que establece el Potenciar Trabajo. Por esta falta de reconocimiento al exceso laboral, las trabajadoras determinaron ajustarse a las 12 horas semanales, que establece dicho programa social, y no el total de 20 horas semanales que requería el Municipio de Luján.
En referencia a ello, Verónica confesó que “nosotras dijimos basta. Exigimos que nos paguen lo que trabajamos, que lleguen al salario mínimo vital y móvil, como nos prometieron”. En tanto que Soledad, de modo más enfático, expresó que “esto es una estafa, a nosotras y al Estado. Pero necesitamos la plata porque somos Jefas de Familia, mamás solas que mantienen a sus hijos. En mi caso, yo tengo 7, y podría haberme quedado cobrando un plan por ellos". Sin embargo, “preferí salir a trabajar, por algo más digno que lo estoy haciendo ahora”.
El firme deseo de las promotoras de salud es lograr una estabilidad laboral, la misma que les fue propuesta en sus inicios, y que en los últimos días les exigieron nuevamente a las autoridades municipales. No obstante, desde la Intendencia no han brindado intención alguna de atender sus exigencias, dado que, según las demandantes, la exposición pública de las mismas “no les gustó nada. Ahora tenemos miedo de quedarnos sin trabajo. Estamos muy nerviosas, porque por ejemplo yo soy el único ingreso de la familia”, manifestó Lorena.
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