Como adelantó BAE Negocios, el pedido de tratar la validez del famoso decreto este 1 de febrero en la Cámara alta fue ignorado y, por ende, rechazado por la vicepresidenta, que cuenta con el poder de decidir convocar la sesión especial. No lo descartaron de entrada y los mantuvieron expectantes hasta el último momento, pero ya sabían que no iban a dar lugar al pedido.
Mientras se debate la Ley Ómnibus en Diputados, las autoridades del Senado buscan avanzar primero con el proyecto para luego, a su tiempo, tratar el decreto. Menos que menos iban a ceder ante la presión de la oposición que, tajante, exigió con la Constitución bajo el brazo que Villarruel haga caso a su pedido. "No creemos que el método sea cerrar el parlamento, eso hace la Dictadura", dijo el senador formoseño José Mayans, en una conferencia de prensa esta tarde.
Mayans firmó el pedido junto con otros cinco legisladores opositores, en cumplimiento con el reglamento: también adhirieron la presidenta del Bloque Unidad Ciudadana Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Sergio Levy y Juan Manzur. "Estamos habilitados por la Constitución para hacerlo. La ley establece que, ante el pedido, los cuerpos pasan de forma inmediata a tratar la reunión", había protestado el senador esta semana.
Ante el desentendimiento de Villarruel, el interbloque se reunió este jueves en el Senado para realizar una conferencia de prensa y hacerse oír de todos modos. "No quieren el debate, el ruido del parlamento y de los representantes. Eso es inaceptable para un sistema republicano de Gobierno", dijeron, y reiteraron: "Le pedimos a la vicepresidenta de la Nación que ponga de forma inmediata en consideración y que abra las puertas del Senado para que se produzca el debate. Nuestra postura será de insistir e insistir hasta que cumpla con la ley".
Pero mientras más insisten, más resistencia provocan del oficialismo. Lo cierto es que la aprobación del DNU depende de que las dos Cámaras, por lo que la desaprobación del Senado no basta para derribarlo. Lo que sí, significaría un golpe bajo para el Gobierno: esa puja de poder es la que no piensa ceder el oficialismo, que lo que no quieren hacer "es correr atrás de lo que propone el PJ", dijeron a este medio fuentes allegadas a la vicepresidenta.
Tampoco se muestran preocupados por el quorum. "Apoyo hay", aseguraron, confiados, luego de mantener reuniones con los senadores del bloque de la Unión Cívica Radical en el que "analizaron los futuros pasos" de la agenda parlamentaria. Desde que empezó el tratamiento de la Ley Bases en la Cámara baja, Villarruel jugó la pulseada de mantener encuentros con los bloques aliados de la UCR, Frente Renovador de la Concordia y el PRO, durante este miércoles y jueves, en las que además buscaron consensos para la Ley Bases, que pronto pasará al Senado. "Queremos tomarnos las cosas con tranquilidad", agregaron de LLA.
Por su parte, Villarruel desprendió: "La agenda del Senado ya no la dictamina el kirchnerismo, sino el diálogo y participación de todos los Senadores". En un video que publicó en su cuenta de Instagram, se defendió de las acusaciones de violar la constitución y aseguró que está dispuesta a, no solamente tratar el decreto 70/2023, sino que "todos los que están vigentes hasta el momento y que fueron impulsados por el kirchnerismo", pero con acuerdo de todos los legisladores.
"Nadie está violando la Constitución, las leyes vigentes, ni el reglamento de la Cámara. Hay un cambio de época, señores", atajó.
Los senadores disidentes, si bien son primera minoría, necesitan el apoyo de las demás bancadas para lograr quorum. Aunque la sesión dependa estrictamente de que Villarruel la convoque, una posible jugada podría haber sido intentar forzar la asamblea para meter presión, aunque no tenga potestad de las autoridades. No fue lo que pasó y, además, en la conferencia participaron 31 de los 33 senadores del peronismo.
En otro orden, este jueves 1 de febrero se terminó la feria judicial y en los expedientes ya se le dio luz verde al pase de las apelaciones sobre el DNU a la Corte Suprema de Justicia, que además tratará el amparo de La Rioja por competencia ordinaria. La maratónica actividad de los tribunales inferiores llevó a que haya múltiples definiciones sobre el DNU en la Justicia, pero la última palabra la tiene el Supremo, que quizás prefiera esperar a que el Congreso defina para resolver sobre la constitucionalidad del decreto.
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