La moción fue rechazada por 174 votos, 34 a favor y 100 abstenciones
El Congreso español rechazó hoy la posibilidad de extraditar a la Argentina a 17 personas por la investigación que lleva adelante la jueza argentina María Romilda Servini de Cubría por supuestos crímenes contra la humanidad cometidos en España durante la Guerra Civil y el franquismo.
En 2010, Servini de Cubría había admitido una querella presentada por víctimas en virtud del principio de justicia universal.
El Congreso negó el pedido hecho por el grupo Izquierda Plural, que pretendía revocar el acuerdo inicial del Gobierno español que denegaba la solicitud de extradición a Argentina de esos imputados. La moción fue rechazada en el Congreso por 174 votos, 34 a favor y 100 abstenciones.
Durante el debate, el vocero del gobernante Partido Popular (PP) recordó las tres razones jurídicas que impiden esa extradición: el hecho de que la ley otorga a España competencia para enjuiciar a los ciudadanos españoles, que los hechos investigados habrían prescrito y que algunas de los supuestas infracciones penales que se les imputan no constituían delito en aquel momento.
El Congreso español rechazó hoy la posibilidad de extraditar a la Argentina a 17 personas por la investigación que lleva adelante la jueza argentina María Romilda Servini de Cubría por supuestos crímenes contra la humanidad cometidos en España durante la Guerra Civil y el franquismo.
En 2010, Servini de Cubría había admitido una querella presentada por víctimas en virtud del principio de justicia universal.
El Congreso negó el pedido hecho por el grupo Izquierda Plural, que pretendía revocar el acuerdo inicial del Gobierno español que denegaba la solicitud de extradición a Argentina de esos imputados. La moción fue rechazada en el Congreso por 174 votos, 34 a favor y 100 abstenciones.
Durante el debate, el vocero del gobernante Partido Popular (PP) recordó las tres razones jurídicas que impiden esa extradición: el hecho de que la ley otorga a España competencia para enjuiciar a los ciudadanos españoles, que los hechos investigados habrían prescrito y que algunas de los supuestas infracciones penales que se les imputan no constituían delito en aquel momento.
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