Gremios estatales se instalaron en edificios públicos en reclamo al pago de sueldos. Los jubilados aún no cobraron sus haberes y no reciben respuestas por la suspensión de varios servicios de la obra social santacruceña.
En la provincia de los Kirchner la situación ya es caótica. Sigue el respirador automático y esta mañana los gremios docentes tomaron, por segunda vez en menos de un año -la primera de 2017-, las instalaciones del ministerio de Economía, exigiendo el pago de sueldos. Los judiciales hacen propio en la sede del Tribunal Superior de Justicia.
En Santa Cruz ya el reclamo no pasa por un aumento salarial, la protesta se centra en la falta de respuesta del gobierno de Alicia Kirchner y el pago incierto de los salarios. Recién esta semana se terminará de cumplir con el cronograma del depósito para los jubilados -ya atrasado- y todavía no hay fecha cierta de pago para activos y el resto de los trabajadores estatales.
Los gremios judiciales ya manifestaron su enojo y dieron un último aviso al Ejecutivo, antes de iniciar medidas de fuerza. El pago de los haberes judiciales es responsabilidad de la provincia, pero es ejecutado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Mariani, de conocida llegada al Frente para la Victoria. Algunos empleados públicos sólo recibieron una pequeña porción de su sueldo.
En medio de este escenario de conflicto, Kirchner reglamentó el decreto que firmó hace poco más de un mes para la habilitación de contratación de asesores por parte de los ministros y secretarios del Ejecutivo, algo que para la oposición es una suerte de aumento de sueldo encubierto. La primera designación ya se ejecutó con un salario de 20 mil pesos. La Mesa de Unidad Sindical ya manifestó su disconformidad y exige explicaciones ante la falta de criterio: la provincia está quebrada, pero se sigue ampliando el organigrama de la política oficial.
En la provincia de los Kirchner la situación ya es caótica. Sigue el respirador automático y esta mañana los gremios docentes tomaron, por segunda vez en menos de un año -la primera de 2017-, las instalaciones del ministerio de Economía, exigiendo el pago de sueldos. Los judiciales hacen propio en la sede del Tribunal Superior de Justicia.
En Santa Cruz ya el reclamo no pasa por un aumento salarial, la protesta se centra en la falta de respuesta del gobierno de Alicia Kirchner y el pago incierto de los salarios. Recién esta semana se terminará de cumplir con el cronograma del depósito para los jubilados -ya atrasado- y todavía no hay fecha cierta de pago para activos y el resto de los trabajadores estatales.
Los gremios judiciales ya manifestaron su enojo y dieron un último aviso al Ejecutivo, antes de iniciar medidas de fuerza. El pago de los haberes judiciales es responsabilidad de la provincia, pero es ejecutado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Mariani, de conocida llegada al Frente para la Victoria. Algunos empleados públicos sólo recibieron una pequeña porción de su sueldo.
En medio de este escenario de conflicto, Kirchner reglamentó el decreto que firmó hace poco más de un mes para la habilitación de contratación de asesores por parte de los ministros y secretarios del Ejecutivo, algo que para la oposición es una suerte de aumento de sueldo encubierto. La primera designación ya se ejecutó con un salario de 20 mil pesos. La Mesa de Unidad Sindical ya manifestó su disconformidad y exige explicaciones ante la falta de criterio: la provincia está quebrada, pero se sigue ampliando el organigrama de la política oficial.
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