El protocolo elaborado por el Gobierno porteño para la actuación de los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires durante la pandemia de coronavirus indica que los casos sospechosos deben ser notificados, aislados y trasladados a un centro de salud "en un lapso breve".
El protocolo elaborado por el Gobierno porteño para la prevención y el manejo de casos sospechosos de coronavirus en residencias geriátricas" fue elaborado por el Gobierno porteño y actualizado por última vez el 17 de abril.
El texto indica que si el personal responsable encuentra a un adulto mayor alojado con "fiebre y al menos un síntoma respiratorio" debe avisar de inmediato a la cobertura de salud o a la línea 107 del SAME.
Además, debe colocarle "inmediatamente" a esa persona un "barbijo quirúrgico triple capa" y aislarla, para lo cual la institución debe tener un área establecida.
El aviso a la cobertura de salud o al 107 debe hacerse "también en el caso en que los trabajadores del lugar desarrollen síntomas", agrega el protocolo, cuya autoridad de aplicación reconocida es el Ministerio de Salud porteño.
Luego de la notificación, "la cobertura de salud a la que pertenezca el paciente o trabajador será responsable de su traslado a un establecimiento de salud para diagnóstico y manejo".
En el "lapso de permanencia en la institución, que deberá ser breve", el personal a cargo deberá observar las precauciones "de contacto y de gota: higiene de manos y equipo de protección personal (EPP) guantes, barbijo, camisolín y protección ocular".
Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires existe una ley que regula la actividad de los geriátricos, que obliga al Estado a hacer inspecciones al menos una vez por año.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Salud porteño dijeron hoy a Télam que "las inspecciones van de tres a siete al año, de acuerdo al estado de situación de cada geriátrico".
También agregaron que la Ciudad cuenta con un registro "con toda la información de cada geriátrico" y que "las inspecciones están a cargo de Salud, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y Tercera Edad".
Voceros de la AGC, por su parte, informaron a Télam que "de acuerdo al artículo 20 y 21 de la ley de geriátricos, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud (porteño), que tiene a su cargo evaluar las prestaciones que se brindan, controlar el cumplimiento de la ley, mantener actualizado el registro, dirigir las tareas con los organismos auxiliares y detectar las irregularidades y faltas que constata".
En el Ministerio de Salud de la Ciudad funciona La "Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos", que tiene entre sus funciones "evaluar la calidad de las prestaciones que brindan los establecimientos, detectar las irregularidades y faltas que ocurran e intimar al establecimiento a su regularización".
Ante una intimación, si los establecimientos no regularizan la situación, pueden ser suspendidos provisoriamente y la Unidad Ejecutora debe "formular las denuncias que correspondan ante las autoridades administrativas o judiciales".
Dicha unidad está conformada por médicos y licenciados en nutrición, y tiene a su cargo la fiscalización de los establecimientos geriátricos en el ámbito de la Ciudad, y para ello cuenta con la asistencia del personal de la Agencia Gubernamental de Control, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, el Ministerio de Justicia y Seguridad, y la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio.
En las inspecciones, que pueden ser de rutina o motivadas por una denuncia, se evalúan y verifican las prestaciones sociales, nutricionales, sanitarias, de seguridad e higiene y funcionamiento de los establecimientos para personas mayores regulados en la Ley.
Fuente: TELAM
El protocolo elaborado por el Gobierno porteño para la prevención y el manejo de casos sospechosos de coronavirus en residencias geriátricas" fue elaborado por el Gobierno porteño y actualizado por última vez el 17 de abril.
El texto indica que si el personal responsable encuentra a un adulto mayor alojado con "fiebre y al menos un síntoma respiratorio" debe avisar de inmediato a la cobertura de salud o a la línea 107 del SAME.
Además, debe colocarle "inmediatamente" a esa persona un "barbijo quirúrgico triple capa" y aislarla, para lo cual la institución debe tener un área establecida.
El aviso a la cobertura de salud o al 107 debe hacerse "también en el caso en que los trabajadores del lugar desarrollen síntomas", agrega el protocolo, cuya autoridad de aplicación reconocida es el Ministerio de Salud porteño.
Luego de la notificación, "la cobertura de salud a la que pertenezca el paciente o trabajador será responsable de su traslado a un establecimiento de salud para diagnóstico y manejo".
En el "lapso de permanencia en la institución, que deberá ser breve", el personal a cargo deberá observar las precauciones "de contacto y de gota: higiene de manos y equipo de protección personal (EPP) guantes, barbijo, camisolín y protección ocular".
Por otro lado, en la Ciudad de Buenos Aires existe una ley que regula la actividad de los geriátricos, que obliga al Estado a hacer inspecciones al menos una vez por año.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Salud porteño dijeron hoy a Télam que "las inspecciones van de tres a siete al año, de acuerdo al estado de situación de cada geriátrico".
También agregaron que la Ciudad cuenta con un registro "con toda la información de cada geriátrico" y que "las inspecciones están a cargo de Salud, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y Tercera Edad".
Voceros de la AGC, por su parte, informaron a Télam que "de acuerdo al artículo 20 y 21 de la ley de geriátricos, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud (porteño), que tiene a su cargo evaluar las prestaciones que se brindan, controlar el cumplimiento de la ley, mantener actualizado el registro, dirigir las tareas con los organismos auxiliares y detectar las irregularidades y faltas que constata".
En el Ministerio de Salud de la Ciudad funciona La "Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos", que tiene entre sus funciones "evaluar la calidad de las prestaciones que brindan los establecimientos, detectar las irregularidades y faltas que ocurran e intimar al establecimiento a su regularización".
Ante una intimación, si los establecimientos no regularizan la situación, pueden ser suspendidos provisoriamente y la Unidad Ejecutora debe "formular las denuncias que correspondan ante las autoridades administrativas o judiciales".
Dicha unidad está conformada por médicos y licenciados en nutrición, y tiene a su cargo la fiscalización de los establecimientos geriátricos en el ámbito de la Ciudad, y para ello cuenta con la asistencia del personal de la Agencia Gubernamental de Control, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, el Ministerio de Justicia y Seguridad, y la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio.
En las inspecciones, que pueden ser de rutina o motivadas por una denuncia, se evalúan y verifican las prestaciones sociales, nutricionales, sanitarias, de seguridad e higiene y funcionamiento de los establecimientos para personas mayores regulados en la Ley.
Fuente: TELAM
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