El economista Orlando Ferreres estimó que en 2003 los ocupados en las administraciones nacional, provincial y municipal sumaban 2,39 millones de personas y ahora escaló a más de 4,2 millones. Elevó su incidencia en el total de puestos de trabajo de 21 a 27 por ciento
Orlando Ferreres alertó que "semejante dinámica del empleo en el sector público será difícil de revertir porque es una decisión impopular que nadie quiere tomar, y porque la mayoría de los puestos fueron creados en las provincias, donde no hay alternativas de trabajo privado productivo".
El ex viceministro de Economía observa que "durante los 90, tan criticados actualmente, las autoridades trataron de revertir esta tendencia, tanto en empresas del estado como en empleados de las distintas oficinas públicas. Se recuperó la productividad por persona ocupada y el empleo público pasó del 24,7 % de la población en el pico de la gestión anterior hasta 19% en 1998, cifra aún alta".
Al respecto, resalta Ferreres que esa mínima incidencia en el empleo total del país "se considera alto pues en aquel momento no se pudo optimizar el empleo público provincial. En la mayoría de dichas jurisdicciones los empleados públicos trabajaban sólo hasta el mediodía y después tenían la tarde libre. Esto significaba que había un número inadecuado de empleados provinciales. Esta práctica no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado hasta el presente".
Según el análisis de Orlando Ferreres, publicado en La Nación, "desde 1999 se vino revirtiendo la tendencia a regularizar el número de empleados públicos y se volvió a la práctica de tomar muchos empleados para obtener votos y además para que no se note que hay desempleo. Esta tendencia fue firme con la Alianza, se continuó en el período 2003-2007, pero se acentuó vertiginosamente desde 2010 en adelante. Desde 2003 hasta 2015, los empleados públicos aumentaron de 2.387.000 hasta los 4.232.818 puestos actuales, sumando Nación, provincias y municipios. Este número implica que los empleados públicos han llegado a un 27% del total de ocupados, cifra que lo convierte en una bomba de tiempo para las futuras administraciones".
Orlando Ferreres alertó que "semejante dinámica del empleo en el sector público será difícil de revertir porque es una decisión impopular que nadie quiere tomar, y porque la mayoría de los puestos fueron creados en las provincias, donde no hay alternativas de trabajo privado productivo".
El ex viceministro de Economía observa que "durante los 90, tan criticados actualmente, las autoridades trataron de revertir esta tendencia, tanto en empresas del estado como en empleados de las distintas oficinas públicas. Se recuperó la productividad por persona ocupada y el empleo público pasó del 24,7 % de la población en el pico de la gestión anterior hasta 19% en 1998, cifra aún alta".
Al respecto, resalta Ferreres que esa mínima incidencia en el empleo total del país "se considera alto pues en aquel momento no se pudo optimizar el empleo público provincial. En la mayoría de dichas jurisdicciones los empleados públicos trabajaban sólo hasta el mediodía y después tenían la tarde libre. Esto significaba que había un número inadecuado de empleados provinciales. Esta práctica no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado hasta el presente".
Según el análisis de Orlando Ferreres, publicado en La Nación, "desde 1999 se vino revirtiendo la tendencia a regularizar el número de empleados públicos y se volvió a la práctica de tomar muchos empleados para obtener votos y además para que no se note que hay desempleo. Esta tendencia fue firme con la Alianza, se continuó en el período 2003-2007, pero se acentuó vertiginosamente desde 2010 en adelante. Desde 2003 hasta 2015, los empleados públicos aumentaron de 2.387.000 hasta los 4.232.818 puestos actuales, sumando Nación, provincias y municipios. Este número implica que los empleados públicos han llegado a un 27% del total de ocupados, cifra que lo convierte en una bomba de tiempo para las futuras administraciones".
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